El Plan Ibarretxe, a pesar de Rubalcaba (1)

Sabemos que los temas vascos no suelen despertar demasiado interés en las provincias de ultramar. Mal asunto éste, porque por muchísimas razones los avatares de la política vasca contienen elementos de análisis muy útiles y valiosos para las personas interesadas en un cambio del actual estado de cosas y, especialmente, en una superación del modelo actual de relaciones entre Canarias y España. Además, permanecer ajeno a un conflicto de estas características no es ni serio ni ético: mirar para otro lado porque los muertos están tan lejos. En fin, pero como creemos que las demandas nacionalistas vascas se ven siempre empañadas por los que se creen en el derecho de disponer de la vida del otro y de aquellos para quienes todo lo que no sea mantener la forma actual de estado les parece un terrible sacrilegio, y que merecieran otro tratamiento, nos hemos propuesto comentar, con la debida prudencia, las novedades de tan agitado patio.  

Para el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, la consulta popular que se plantea en la primera fase del Plan Ibarretxe no ha lugar por dos razones: por inconstitucional y porque “divide a la sociedad vasca”. Esta manera de despachar los problemas –alegando cuestiones “de forma”- tiene, en nuestra opinión, no pocas ventajas para el pensamiento políticamente correcto que hoy en día coincide en desacreditar sistemáticamente cualquier iniciativa que venga desde las filas del nacionalismo, especialmente si ésta cuestiona la forma de Estado actual. Entre las ventajas es la mayor, sin duda, la de que evita tener que discutir el fondo de los problemas pues alegar que la consulta no es viable por razones como las citadas arriba actúa de eficaz cortafuegos intelectual, no sea que a alguien le vaya a dar por pensar qué hay de malo en preguntar a la gente qué es lo que piensa sobre un determinado asunto. Asimismo, presentar determinados planteamientos políticos, tan parciales y poco inocentes como cualquier otro, como argumentos de autoridad –así sucede frecuentemente con las invocaciones al texto constitucional- evita tener que dar muchas explicaciones. Aparecen éstos como libros sagrados en boca de sus máximos exegetas y defensores, que bien se preocupan de ocultar su verdadero carácter de plasmación jurídico-legal de la correlación de fuerzas en una determinada coyuntura política. 

Sin embargo, si nos detenemos un poquito más en las razones aducidas por Rubalcaba, comprobamos como éstas no resisten la prueba de una argumentación que vaya más allá de lo que en la lucha política se entiende como la legítima diferencia de pareceres y puntos de vista, lo cual no deja de incluir alguna que otra trampa dialéctica. De entrada, la supuesta inconstitucionalidad de la consulta popular no es tal, puesto que nada dice la constitución acerca de la imposibilidad de que un presidente de una comunidad autónoma consulte a sus ciudadanos sobre un asunto de interés general. Sí sería inconstitucional dicha consulta si se pretendiese que ésta tuviera carácter vinculante, algo que ni siquiera poseen los referéndums que convoque el Gobierno de España, en virtud de sus atribuciones a tal efecto recogidas en el texto. Siendo esto así, la inconstitucionalidad quedaría más bien reducida a un estatus de aconstitucionalidad, lo cual contribuiría –si así fuera reconocido por todos, Rubalcaba incluido- a desdramatizar el asunto. (Fin de la primera parte)

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~ por Josemi en Jueves 4 octubre 07.

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